Han transcurrido dos
años del 2do Congreso Nacional de Educación donde docentes y estudiantes
pudimos debatir sobre las diversas temáticas que atraviesan nuestra práctica
cotidiana: didáctica, pedagogías, reformas educativas, formación docente, el
sentido social del conocimiento, nuestras condiciones laborales y la necesidad
de seguir construyendo un sindicalismo que sea de base y combativo para
enfrentar la embestida mercantilista en educación. Dos años en los que se
agudizaron la crisis estructural de la educación y las condiciones de trabajo
docentes, al mismo tiempo que se desarrollaron importantes luchas por la
educación pública, tanto de docentes como estudiantes, en toda Latinoamérica. Un
saldo de esas luchas ha sido el logro del movimiento docente de recuperar
seccionales y sindicatos, desarrollar espacios autoconvocados, sin quebrantarse
ante los intentos de adiestramiento impartidos por los gobiernos y las
burocracias sindicales.
Este Tercer Congreso
expresa un nuevo avance puesto que se incorporan al mismo, importantes
sindicatos y agrupaciones que enriquecen con su
participación el debate que afrontamos. El desafío, entonces, es
fortalecer la lucha contra la política educativa actual y por una educación
pública, científica, no dogmática ni religiosa, no sexista, por un sistema
educativo público, estatal, único y nacional que
aporte a construir una sociedad sin explotación ni opresión.
A lo largo de estos
12 años de gobierno del Frente para la Victoria y de 8 años de la sanción de la
Ley Nacional de Educación, las políticas educativas no modificaron la
estructura desigual del sistema. La actualización de la medición del PBI ha
puesto en evidencia que nunca se llegó al 6% tan proclamado y, por otra parte,
insuficiente. El financiamiento de la educación no ha roto el modelo de la
reforma neoliberal de los noventa: es desigualmente distribuido a partir del
momento en que se transfirió el financiamiento de las escuelas a las provincias.
Entre tanto, se profundiza la privatización de la educación, favorecida por los
subsidios del Estado. A nivel nacional el 28% de la matrícula escolar es
privada, hallando casos extremos como los de Provincia de Buenos Aires con el
35% y de CABA con el 51%. Esta privatización responde a las necesidades que
tiene el capital de expandir el campo de explotación económica convirtiendo
actividades humanas y sociales en actividades lucrativas.
Esta política
privatizadora se extiende a la producción y distribución de conocimiento que se
expresan en los contenidos curriculares de escuelas tanto privadas como
públicas. Parte de ello es el retroceso que significó la aprobación de leyes
que autorizan la enseñanza de la religión en las escuelas públicas de Salta y
Córdoba.
Esto abona la fragmentación del sistema que
avanza año a año, de modo que cada vez es más notoria la existencia de diversos
tipos de escuelas en un mismo sistema, donde pareciera que a cada sector social
le toca una diferente según su ingreso y “preferencia”. Estamos en la antesala
de que se cumpla lo proyectado por el neoliberalismo en materia educativa para
América Latina: la existencia de una escuela de calidad para ricos y otra
constituida con las sobras, para los pobres. Este avance contra el sentido
público de la educación ataca directamente el espacio de encuentro,
socialización y producción de conocimiento que supo y aún sabe ser la escuela
en nuestro país.De este modo notamos cómo la fragmentación y desigualdad del tejido social institucionaliza una cultura del miedo al otro, del diferente como culpable de mi mal, de afianzamiento del individualismo: una cultura extrema del capital. Esta condena recae en las espaldas de nuestros pibes que, ante la desigualdad que los oprime, estallan de violencia en las aulas. En ese contexto los gobiernos dan respuestas a partir de estrategias que adoptan ante los frutos de sus propias políticas. Estrategias que marginan a centenares de miles de pibes, convirtiendo a las escuelas en espacios de contención social, bajo la consigna de políticas de inclusión. Detrás del discurso de “la diversidad” permeabilizan las desigualdades; bajo el lema de “escuela para todos” precarizan a los docentes e instalan una educación deficitaria (Plan Fines, Mejoras, y el resto de los programas que atraviesan la escuela).
Los docentes
comenzamos este año luchando por un aumento salarial que rompiera los topes
impuestos en las paritarias y un salario igual a la canasta familiar; contra los
recortes que provocan el vaciamiento de la educación, tanto en infraestructura
escolar como comedores, programas, personal, etc. En todo el país, miles de
trabajadores de la educación salimos a pelear en defensa de la educación
pública. Este es el sentido de los días de paro en la provincia de Buenos Aires
y en Salta donde se le torció el brazo al gobierno provincial y nacional,
desafiando los ataques de los distintos gobiernos, e incluso la represión.
Mientras la dirección actual de la CTERA aislaba las luchas y acordaba con el
gobierno la elaboración de un nuevo convenio colectivo contra los estatutos
actuales y de espalda a los docentes.
Durante estos años de aplicación de la
LEN, la inestabilidad laboral y
previsional, y los intentos de declarar a la educación “servicio esencial” para
quebrar el derecho a huelga se han erigido como ataques a los estatutos
docentes. El objetivo de estos ataques es adaptar las condiciones salariales, laborales y
educativas de las escuelas a los requerimientos del sector privado y de los
organismos internacionales que pretenden una recolonización del país, también,
a través de la educación. Hoy, con el intento de una evaluación estándar a
docentes, alumnos y escuelas, y el ranking de las mismas, se busca asestar un
golpe decisivo al estatuto, en cuanto a la estabilidad laboral docente.
Pero nada podemos esperar, tampoco, del arco
político opositor que ha mantenido estas mismas políticas allí donde gobierna:
el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, el UNEN en Santa Fe, y todos aquellos que
cuando discuten las propuestas para el futuro -como el Frente Renovador-, lejos
de plantear las necesidades reales que fueron expresadas por las luchas
docentes, buscan profundizar la privatización, la precarización y el
vaciamiento de la educación.
Para construir la educación que soñamos es
necesario conjugar los reclamos reivindicativos con iniciativas que disputen el
sentido del sistema educativo en su conjunto, y así nos planteamos una vez más
este desafío. Proponemos crear un ámbito para que docentes y estudiantes de
todas las latitudes debatamos qué educación necesitamos para la transformación
hacia una sociedad sin explotación ni opresión. Por eso, realizaremos el 3er
Congreso Nacional de Educación los días 22 y 23 del mes de Noviembre en el
Instituto Normal Superior Mariano Acosta
de la Ciudad de Bs A, Urquiza 277.
CONVOCAN:
Ademys (Asociación Docente de CaBA)- A.DO.SA.C
(Asociación Docente de Santa Cruz-Provincial), A.DO.SA.C (Pico Truncado), A.G.D.-U.B.A. (Asociación Gremial
Docente), AMSAFE (Rosario), A.T.E.N.
(Asociación de Trabajares de la Educación de Neuquén-Provincial), S.U.T.E.B.A
(Bahía Blanca, Berisso-Ensenada, Escobar, La Plata, Marcos Paz, Tigre), SUTE
(Godoy Cruz-Mendoza)
Página del Congreso Nacional de Educación
